Cuando uno de los cónyuges quiere divorciarse y no hay acuerdo sobre la custodia de los hijos, las pensiones, el uso de la vivienda o el reparto de los bienes, la vía es el divorcio contencioso: un procedimiento judicial en el que es el juez quien decide aquello que las partes no han logrado pactar. En Cataluña, además, este proceso tiene particularidades propias —como el plan de parentalidad o la compensación económica por razón de trabajo— que conviene conocer antes de presentar la demanda. A continuación explicamos cuándo resulta inevitable acudir al contencioso, cómo se desarrolla el procedimiento ante los Juzgados de Familia de Barcelona, cuánto suele durar y qué costes lleva aparejados.
¿Cuándo es necesario un divorcio contencioso?
El divorcio no exige alegar causa alguna ni el consentimiento del otro cónyuge. El artículo 86 del Código Civil es claro: «Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81». Y ese artículo 81 se limita a exigir que hayan «transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio», plazo que ni siquiera es necesario cuando se acredita un riesgo para la vida, la integridad física o moral, la libertad o la indemnidad sexual del cónyuge que demanda o de los hijos.
Dicho de otro modo: divorciarse es un derecho. Lo que genera el conflicto —y obliga a litigar— no es la disolución del matrimonio en sí, sino los efectos que la acompañan. El procedimiento será contencioso, y no de mutuo acuerdo, cuando no exista consenso sobre alguna de estas cuestiones:
- La guarda y custodia de los hijos menores y el régimen de relación con el progenitor con el que no convivan habitualmente.
- La pensión de alimentos de los hijos: su cuantía, su actualización y el reparto de los gastos extraordinarios.
- El uso de la vivienda familiar, especialmente cuando es propiedad de uno solo de los cónyuges o está hipotecada.
- Las pensiones entre cónyuges: la prestación compensatoria y, en el derecho catalán, la compensación económica por razón de trabajo.
- La liquidación del régimen económico matrimonial, que en Cataluña suele ser el de separación de bienes y plantea problemas distintos a los de la sociedad de gananciales.
Basta con que una sola de estas materias quede sin acuerdo para que el divorcio deje de ser de mutuo acuerdo. No es necesario que el desencuentro sea total: muchos procedimientos contenciosos giran, en realidad, en torno a un único punto de fricción.
El proceso paso a paso
El divorcio contencioso se rige por la Ley de Enjuiciamiento Civil, que lo encuadra dentro de los procesos especiales de familia. Su artículo 770 dispone que «las demandas de separación y divorcio […] se sustanciarán por los trámites del juicio verbal», con una serie de reglas particulares. El recorrido habitual es el siguiente.
1. La demanda
El procedimiento se inicia con una demanda presentada por el abogado y el procurador del cónyuge que solicita el divorcio, ante el Juzgado de Primera Instancia de Familia del lugar del domicilio conyugal. En Barcelona existen juzgados especializados en familia, lo que agiliza la tramitación frente a partidos judiciales más pequeños. A la demanda deben acompañarse, como exige el propio artículo 770, la certificación de la inscripción del matrimonio y las de nacimiento de los hijos, así como los documentos económicos en que se funden las medidas que se solicitan (nóminas, declaraciones de renta, escrituras, extractos bancarios). Junto con la disolución del vínculo, la demanda contiene la propuesta de medidas definitivas: custodia, pensiones, vivienda y, en su caso, liquidación del régimen económico.
2. Las medidas provisionales
Como el procedimiento puede prolongarse, la ley permite ordenar la convivencia y la economía familiar desde el primer momento. El artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula las medidas provisionales previas: el cónyuge que se proponga demandar puede solicitar, incluso antes de presentar la demanda, los efectos a que se refieren los artículos 102 y 103 del Código Civil (atribución del uso de la vivienda, custodia provisional, pensiones de alimentos). Para esa solicitud urgente «no será precisa la intervención de procurador y abogado», aunque sí lo será para todo escrito posterior. Estas medidas también pueden pedirse de forma simultánea a la demanda —medidas coetáneas— y rigen hasta que la sentencia las sustituya por las definitivas. Son especialmente relevantes cuando hay hijos menores o cuando uno de los cónyuges depende económicamente del otro.
3. Contestación, vista y prueba
Admitida la demanda, se emplaza al otro cónyuge para que la conteste en el plazo legal, oponiéndose a las medidas propuestas y formulando, si lo desea, las suyas propias. Cuando hay hijos menores interviene además el Ministerio Fiscal, que vela por su interés. Después se señala la vista, en la que se practica la prueba: declaración de las partes y de testigos, documental y, con frecuencia, prueba pericial. En los conflictos de custodia es habitual el informe del equipo psicosocial adscrito al juzgado y, si el menor tiene suficiente juicio, su exploración por el juez. En esta fase suele recabarse también el dictamen sobre la situación de los hijos.
4. La sentencia y los recursos
Celebrada la vista, el juez dicta sentencia. En ella decreta el divorcio y fija las medidas definitivas que regirán la nueva situación familiar. La sentencia es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial —la de Barcelona, en los procedimientos seguidos en la ciudad—, lo que puede añadir varios meses al cómputo total. Conviene recordar que el pronunciamiento sobre el divorcio en sí no se suspende por el recurso: lo que se discute en apelación son las medidas.
Plazos: ¿cuánto dura un divorcio contencioso?
No existe un plazo legal único, porque la duración depende de la carga de trabajo del juzgado, de la complejidad del caso y de si se practican pruebas periciales. Como referencia orientativa, un divorcio contencioso en primera instancia suele resolverse en un plazo de entre seis y doce meses desde la presentación de la demanda, aunque los asuntos con liquidación de patrimonio complejo, periciales contradictorias o juzgados muy saturados pueden alargarse más. Si la sentencia se recurre en apelación, hay que sumar el tiempo de tramitación ante la Audiencia Provincial. Frente a ello, un divorcio de mutuo acuerdo bien preparado se tramita en pocas semanas, lo que explica por qué muchos procedimientos que comienzan como contenciosos acaban en un acuerdo transaccional antes de la vista: es habitual que las posturas se acerquen una vez fijadas las medidas provisionales.
Costes: abogado y procurador son preceptivos
En el divorcio contencioso es obligatorio comparecer con abogado y procurador; no es un trámite que pueda llevarse personalmente. Los costes principales son, por tanto, los honorarios del letrado —que dependen de la complejidad del asunto y suelen orientarse por los criterios del colegio de abogados correspondiente, como el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona— y los derechos del procurador, fijados por arancel. A ello pueden añadirse los honorarios de los peritos cuando sea necesaria una valoración económica, una tasación de bienes o un informe psicológico. Quienes carezcan de recursos suficientes pueden solicitar el derecho de asistencia jurídica gratuita, que cubre la intervención de abogado y procurador de oficio. Por último, conviene tener presente que el juez puede imponer las costas a una de las partes en función de cómo se resuelva el pleito, por lo que la valoración realista de las posibilidades de éxito forma parte esencial del asesoramiento previo.
Particularidades del derecho catalán
Cataluña dispone de Derecho civil propio. En materia de familia rige el Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, que introduce diferencias sustanciales respecto al régimen del Código Civil estatal y que todo divorcio tramitado en Barcelona debe tener en cuenta.
El plan de parentalidad
La primera singularidad es el plan de parentalidad, regulado en el artículo 233-9 del Código Civil de Cataluña. Cuando hay hijos menores, los progenitores deben presentar un plan que concrete cómo ejercerán las responsabilidades parentales: el lugar de residencia de los hijos, el reparto de las tareas de cuidado, el régimen de relación y comunicación, los periodos de convivencia con cada progenitor y la forma de tomar las decisiones importantes. En el procedimiento contencioso, cada parte aporta su propia propuesta de plan, y será el juez quien fije el régimen que mejor responda al interés del menor. Este instrumento refleja la apuesta del legislador catalán por la coparentalidad y por que sean los padres quienes diseñen, en la medida de lo posible, la organización de la vida de sus hijos.
Compensación económica por razón de trabajo
La segunda particularidad nace del régimen económico habitual en Cataluña, el de separación de bienes, en el que cada cónyuge conserva la titularidad de su patrimonio. Para corregir los desequilibrios que ese régimen puede generar, el artículo 232-5 del Código Civil de Cataluña reconoce la compensación económica por razón de trabajo: el cónyuge que ha trabajado para la casa sustancialmente más que el otro, o que ha trabajado para el otro sin retribución o con una retribución insuficiente, tiene derecho a una compensación cuando, al extinguirse el régimen, el otro cónyuge ha obtenido un incremento patrimonial superior. Es una figura propia del Derecho catalán que no existe como tal en el régimen de gananciales y que adquiere especial relevancia en los matrimonios de larga duración con dedicación desigual.
La prestación compensatoria
A ella se suma la prestación compensatoria del artículo 233-14 del Código Civil de Cataluña, dirigida al cónyuge cuya situación económica resulte más perjudicada por la ruptura de la convivencia. Puede acordarse en forma de capital —en bienes o en dinero— o como pensión, y tiene, por regla general, carácter temporal, salvo que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen fijarla de forma indefinida. No debe confundirse con la compensación por razón de trabajo: aquella corrige el desequilibrio económico que provoca la separación, mientras que esta retribuye la dedicación desigual durante el matrimonio. Ambas pueden coexistir en un mismo procedimiento.
El divorcio contencioso es, en suma, un procedimiento técnico en el que cada decisión —desde el contenido de las medidas provisionales hasta la cuantía de las compensaciones— tiene consecuencias económicas y personales que se proyectan durante años. Si está afrontando una ruptura sin acuerdo en Barcelona o en Valencia, en EJP Abogados analizamos su caso con discreción y le explicamos, con realismo, las opciones a su alcance antes de dar cualquier paso. Una primera valoración bien orientada suele ser la mejor inversión para proteger lo que de verdad importa.